La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), decidió por una mayoría de más del 98 por ciento convocar una huelga para los próximos días, aunque su duración y las fechas exactas serán determinadas por el sindicato, posiblemente hoy miércoles, si bien se piensa que puede tener lugar en la segunda mitad de este mes de agosto, según han informado fuentes de este sindicato.
El sector turístico ha mostrado su preocupación por las consecuencias que este paro puede tener en la economía del turismo español, mientras que el coordinador de Economía del Partido Popular, Cristóbal Montoro, recordó al colectivo su obligación de no perjudicar al conjunto de la sociedad.
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), ha dicho que “lamenta profundamente la decisión adoptada hoy por la Asamblea Nacional del sindicato de controladores USCA de aprobar la convocatoria de una huelga legal”.
El gestor aeroportuario estima que la mesa de negociación es el cauce adecuado para tratar el nuevo convenio colectivo y “el marco en el que los controladores pueden y deben manifestar sus reivindicaciones”.
Para AENA, la huelga, aunque es un derecho, no beneficia a nadie y cree que puede ser un serio perjuicio para la sociedad española en general, para los pasajeros y para el sector turístico y económico del país.
La entidad pública estima que la huelga de los controladores “no es justa ni está justificada, singularmente en momentos de dificultad y crisis económica como los actuales en los que todos hemos de contribuir a la recuperación”.
Como se recordará, AENA ha manifestado reiteradamente que los controladores vienen efectuando una huelga encubierta por medio de bajas laborales masivas, aunque una gran parte de los controladores fueron ya dados de alta tras volver a ser examinada la evolución de su enfermedad.
Para los controladores, sin embargo, no ha existido tal huelga encubierta ya que algunos controladores continúan necesitando atención médica y siguen bajo medicación, especialmente por los cuadros de estrés producidos por las presiones y la aplicación abusiva de la normativa recientemente aprobada por el Gobierno.
Las medidas tomadas por el Gobierno suponen en la práctica una disminución de alrededor de un 40 por ciento en los salarios de los controladores, los cuales, según fuentes oficiales, pasarían de ganar unos 350.000 euros anuales a aproximadamente 200.000 euros.
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